La provincia de Salta contaba con una ley que preveía tratamientos con derivados de cannabis sancionada en enero del 2017. Como la Ley Nacional 27350 se sancionó en marzo de aquel año, no previa la adhesión. Entonces, esta norma que es sucinta, adhiere a la legislación federal y a su decreto reglamentario 883/2020. 

La norma busca garantizar y promover el cuidado integral de la salud mediante la regulación del uso de la planta de cannabis y sus derivados con fines medicinales, terapéuticos y/o paliativos, establece como Autoridad de Aplicación a la Secretaría de Salud de la Municipalidad de General Pico. La ordenanza crea el Consejo Consultivo de Cannabis Medicinal. Este cuerpo tiene un carácter honorario y está integrado por representantes de diversos sectores: el Departamento Ejecutivo Municipal, el Concejo Deliberante, profesionales de la salud, representantes de asociaciones civiles vinculadas a la temática y miembros de instituciones científicas. El texto de la norma detalla el funcionamiento del Registro de Usuarios y Cultivadores. Este registro no solo sirve para dar un marco de legalidad al autocultivo bajo indicación médica, sino que también funciona como el padrón oficial para que el municipio pueda cuantificar la demanda y planificar políticas de provisión. La norma subraya que el estado municipal, a través de convenios con el laboratorio provincial FARMAPAM o el Ministerio de Salud de La Pampa, debe trabajar para garantizar la provisión gratuita de aceite de cannabis a aquellos pacientes que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y no posean cobertura social.

Finalmente, la ordenanza dedica un apartado a la investigación y el desarrollo. Faculta al municipio a impulsar proyectos de cultivo comunitario y producción pública, siempre bajo el amparo de la Ley Nacional 27.350.

La normativa con 6 artículos, establece la creación de un Registro Municipal de Usuarios, Cultivadores y Redes de Cannabis Medicinal y  de un Consejo Consultivo que incluye profesionales, universidades y organizaciones de la sociedad civil. 

La ordenanza santarroseña establece que el registro es voluntario y además, faculta al municipio a celebrar convenios para la producción pública de cannabis, con el objetivo de abastecer al sistema de salud local. La autoridad de aplicación no está determinada a priori en la norma.

A través de la Ley 1951-A el Poder Legislativo de San Juan crea una Sociedad del Estado bajo la denominación Cannabis Medicinal San Juan Sociedad del Estado (Ca.Me.SanJuan.S.E.), la que se regirá por las disposiciones de la Ley Nacional Nº 20705, las normas pertinentes de la Ley Nº 19550 de Sociedades Comerciales en cuanto fueren aplicables, sus modificatorias, complementarias o reglamentarias, y demás disposiciones legales que regulen su actividad. La Sociedad podrá por sí, por intermedio de terceros o asociada a terceros, explotar las patentes, marcas, productos y descubrimientos científicos y tecnológicos que obtuviese como consecuencia de la ejecución de las actividades del cannabis. Se establece que Cannabis Medicinal San Juan Sociedad del Estado (Ca.Me.SanJuan.S.E.) tendrá a su cargo la implementación de las acciones contempladas en el “Plan Provincial de promoción de la investigación y producción de cannabis con fines científicos, medicinales y terapéuticos”, del Ministerio de Salud Pública; por lo tanto, Cannabis Medicinal San Juan Sociedad del Estado (Ca.Me.SanJuan.S.E.) estará habilitada a llevar adelante por sí, por intermedio de terceros o asociada a terceros, todas y cada una de las actividades de cultivo, agrícolas, productivas, industriales, comerciales y demás acciones complementarias a estas, que sean necesarias para la ejecución de dicho “Plan Provincial” y el cumplimiento del objeto social establecido, en un todo de conformidad con la normativa nacional y provincial aplicable en la materia y en observancia de los permisos obtenidos para llevar adelante su objeto.

Se reglamenta la Ley Provincial N° 1926-Q, por la cual la Provincia de San Juan adhiere a la Ley Nacional N° 27350 de investigación médica y científica del uso medicinal, paliativo del dolor y/o terapéutico de la planta de cannabis y sus derivados y se promueve la creación de un plan provincial que contemple las etapas de toda la cadena de valor de la planta de cannabis.