El Gobierno Provincial publicó un decreto para disolver la empresa estatal MisioPharma debido a la recesión económica que atraviesa el país, que impacto en las cadenas de pago de acuerdo a los fundamentos que presenta. Establece la convocatoria a una asamblea para la disolución del organismo.

La empresa se dedicaba al cultivo y producción de derivados de la planta de cannabis, de acuerdo al decreto 2052/19 que el Poder Ejecutivo Provincial promulgó para la constitución de MisioPharma.

Atendiendo que la Ley podría generar conflictos de competencia regulatoria y superposición recaudatoria con la Nación, el Poder Ejecutivo Nacional veto la Ley 1442. 

La Ley 4193 G adhirió formalmente a la Ley Nacional 27.669, que crea el marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. Se trata de una norma muy escueta que intenta promover que pymes y cooperativas chaqueñas puedan producir legalmente.

La Ley 1442, también denominada "Ley de Desarrollo Sostenible" buscaba crear una estructura provincial propia a través de una Agencia Chaqueña de Cannabis. El Ejecutivo consideró que la creación de una agencia provincial y registros locales generaba una estructura burocrática innecesaria y que estaba cubierta por la adhesión a la ley nacional y la vetó (Ver Veto 1442).

Este decreto reglamentario permite poner en plena vigencia lo definido en la Ley provincial 1277 y su par modificatoria 1367, destacándose la creación de un Programa provincial en el ámbito del Ministerio de Salud provincial que incluye un registro de pacientes, cultivadores, organizaciones sociales y profesionales (REPROCANN) estableciendo requisitos en concordancia con la norma nacional.  

Esta ley creó el Registro Provincial de Cannabis Medicinal con el objetivo principal de resolver las demoras administrativas del registro nacional y dar una respuesta local a los pacientes salteños. Permite la inscripción de pacientes, familiares, productores y ONGs directamente en el ámbito del Ministerio de Salud Pública de Salta. Los inscriptos en este registro provincial pueden adquirir y transportar cannabis dentro del territorio de la provincia siguiendo los límites de las normas nacionales (generalmente hasta 40g de flores o 6 frascos de aceite). La ley faculta a fundaciones y asociaciones sin fines de lucro de Salta a investigar y, en ciertos casos, dispensar cannabis bajo supervisión.

Esta norma operativiza la Ley 9617. 

Mediante esta norma la provincia adhiere a la Ley Nacional 27.669, que regula la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. Es una norma muy escueta que sólo indica eso. 

La Ley Provincial Nº 9.617, sancionada y reglamentada en 2025, se destaca por otorgar autonomía a la provincia mediante la creación de su propio Registro Provincial, permitiendo una gestión local más ágil para pacientes, autocultivadores y empresas, independientemente de los sistemas nacionales. Su objeto es fomentar la actividad económica y la inversión privada, estableciendo estrictos protocolos de seguridad y trazabilidad (desde la semilla hasta el producto final) y diferenciando legalmente el cáñamo para usos industriales.

La Resolución 1627/2025 aprueba en el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en la órbita de la Dirección de Prevención de Enfermedades No Transmisibles, la creación del Programa Provincial de Cannabis Terapéutico.